Muchos males, una sola causa

Crisis económica, debilitamiento de la sociedad civil, fracaso escolar, falta de competitividad. Son solo algunos ejemplos de los problemas que acucian a España. Podemos dar mil vueltas sobre las causas de cada uno de ellos, sin embargo cada vez es más evidente que debajo de todas las que se nos puedan ocurrir subyace un mal endémico del que es casi imposible zafarse: los partidos políticos. Ya podemos estar a un paso de ser intervenidos por la UE y el FMI, ya pueden cerrarse cada día cientos de empresas, ya podemos estar ante la primera generación de la historia que va a vivir peor que la de sus padres, que nada va a hacerse desde el poder para acabar con todo esto si no conviene a la estrategia política de turno. Esto es una obviedad, estando dentro del sistema no sorprende a nadie que sea así, pero ésta no se parece en nada a la democracia que compramos en 1975.

Los partidos nacen para canalizar la representación democrática y aportar la infraestructura material e ideológica necesaria para soportar un proceso electoral de forma más o menos satisfactoria. Son una institución generalizada allí donde hay democracia; no obstante, es en los países de la Europa continental donde desde su nacimiento han ostentado un poder mayor, contrarrestado de forma bastante deficiente mediante una suerte de funcionamiento democrático asimilable al sistema que los había generado. En España, la Constitución de 1978 dedica su artículo 6 a institucionalizarlos como herramienta mediatizadora imprescindible de la representación política, exigiendo su funcionamiento democrático.

Con el paso de las décadas, esta democracia de partidos ha pasado a convertirse en una democracia de candidatos, -fundamentalmente por el impacto de los medios de comunicación de masas y la epectacularización de la política en general-, candidatos que se han arrogado el control absoluto de sus partidos convirtiéndolos en verdaderas castas presididas por reglas propias de regímenes pasados y fagocitando la disensión interna. El problema es que esta situación se concibe como algo natural y cada vez que un partido vive algún tipo de debate interno, los medios de comunicación se lanzan contra él al grito de "crisis interna" o "crisis de liderazgo", del mismo modo que se ensalza la capacidad de aquel líder que consigue mantener a raya a los suyos dentro de una supuestamente positiva "paz interna." El micromundo político-mediático se ha asentado en este statu quo, que resulta perfecto para ambos agentes, pero deja al margen al ciudadano. Y esta es la tragedia, que se revela más sangrante en tiempos de desestructuración social y calamidad económica como la actual.

La política como profesión, parafraseando el título del visionario libro de Max Weber, es el elemento identificador de esta democracia controlada por los partidos y hurtada a los ciudadanos, incompatible con la conciencia de servicio público que debería regir en todos los casos. Es más, quien pretenda acercarse a la actividad política con la honestidad y la vocación puramente representativa como banderas acabará siempre desilusionándose ante un sistema inmóvil y viciado del que no se puede salir. Las buenas intenciones se convierten en papel mojado ante la siempre última necesidad de integrarse en proyectos generados de arriba abajo o de abajo arriba, pero que en todo caso acaban rigiéndose de un modo autoritario y piramidal y que pierden su espíritu fundacional en cuanto tocan (o prevén tocar) las instituciones.

La solución es sencilla: dinamitar el poder que hemos conferido a los partidos; desde acabar con las vergonzosas subvenciones que se cargan cada año a los Presupuestos del Estado en su favor hasta hurtarles la omnímoda facultad de confeccionar listas cerradas que obligan a los votantes a aceptar al cien por cien lo decidido por una cúpula de poder en base a criterios de lealtad con el líder y no de capacidad de gestión y de preparación. El objetivo es devolver al ciudadano el control sobre sus representantes políticos y a los políticos el margen autónomo de maniobra que les permita cumplir con los compromisos adquiridos con sus electores y rendir cuentas única y exclusivamente ante ellos. Las listas abiertas y desbloqueadas son imprescindibles para acabar con esta frustrante partitocracia, al igual que la reformulación del sistema electoral, regresando al muchas veces considerado injusto pero simplificado y mucho menos viciado sistema de representación mayoritaria: una circunscripción, un representante. Con medidas de este tipo, se generalizaría la figura del independiente, candidato que decide no adscribirse a ningún partido y que está en las mismas condiciones de resultar electo siempre que consiga la confianza de los electores de su circuscripción, basada en su compromiso, credibilidad y sensibilidad colectiva.

Pero no interesa cambiar el sistema, sería un verdadero harakiri por parte de la casta política. No obstante, los ciudadanos debemos concienciarnos de que el verdadero origen de los males que recorren España de norte a sur (o por lo menos de la falta de soluciones plenas a los mismos) no es otro que la existencia de unos actores que lo último que les ocupa y les preocupa es solucionarlos. Es precisa una movilización ciudadana organizada en entidades distintas a los partidos políticos que aúne la frustración de todos aquellos ciudadanos que en cada oleada del CIS sitúan a los políticos como una de sus principales preocupaciones y que no votan o que votan en blanco porque creen que todas las opciones que encuentran en el colegio electoral, digan lo que digan en campaña, acaban comportándose como estructuras jerarquizadas alrededor de un grupúsculo que tiene el control absoluto y que desea alcanzar el poder para seguir haciendo en lo sustancial lo mismo que sus predecesores.