Malas vibraciones

Suiza vota contra la construcción de minaretes en sus pueblos y ciudades. ¿Qué? Parece que sólo oímos de este país con fama de estar habitado por gente puntual cuando se producen extravagancias de este tipo. El asunto no es menor y aunque nos venga lejano e incluso frunzamos el ceño despreocupadamente al leer la noticia, tiene una lectura de un calado importante.

La influencia del Islam en Europa es creciente, de eso no cabe ninguna duda, aunque es algo de lo que los españoles nos damos cuenta ahora, con décadas de retraso de nuestros vecinos del norte por habernos incorporado tarde al hecho de recibir flujos migratorios (como a todo). Por otro lado, el fenómeno de la inmigración está salvando las exigencias de natalidad que requieren nuestras sociedades y esto va dejando huella lentamente. La multiculturalidad es un hecho, pero la integración y el diálogo intercultural un desiderátum. Seamos francos, queda mucho por hacer para ser capaces de absorber este nuevo fenómeno, pero las conclusiones que podemos obtener de aquellos países que nos sacan generaciones viviendo la llegada de inmigrantes no son nada halagüeñas para la convivencia.

El ascenso de los partidos xenófobos se está convirtiendo en una constante en la Europa más moderna y desarrollada. Valga como ejemplo el caso de Austria, donde un partido claramente racista es la tercera fuerza política, habiendo estado incluso en el Gobierno federal bajo la batuta del controvertido Jörg Haider. Lo mismo se puede predicar de la tendencia ultraderechista e intolerante de la política húngara o del éxito parcial de partidos nacionalistas y excluyentes en países como Holanda, Dinamarca e incluso Reino Unido, para muestra están los resultados de las últimas elecciones europeas. Por suerte en España aún no han florecido grupos xenófobos que sepan captar la atención y el voto de una gran parte de la sociedad, pero no dejemos de tocar madera.

El fenómeno suizo es especial por el hecho de no estar la Confederación Helvética dentro del aparato de la Unión Europea; no debemos olvidar que bastante menos le costó a Austria un toque de atención hace unos años por parte de Bruselas y el resto de estados miembros. Podemos verlo como anecdótico, circunstancial o pasajero, pero algo se está haciendo mal en la vieja Europa cuando un 57% de la población de un minúsculo estado alpino se planta contra el peregrino hecho de alzar más minaretes, incluso contra las recomendaciones de la mayoría de sus representantes políticos.

El vodevil catalán

El asunto del Estatuto de Cataluña es esperpéntico. Al margen de todo tipo de consideraciones, no cabe duda que la culpa fundamental de que se esté produciendo este vodevil es del Tribunal Constitucional, un órgano que difícilmente puede ser más sectario y menos constitucional: miembros interinos desde hace años, otros recusados, incluso uno fallecido para el que ni siquiera se ha intentado encontrar sustituto, bloques ideológicos netamente serviles a quienes les nombraron. Es normal que con esta anomalía funcional les sea imposible dictar una sentencia que genere un mínimo consenso, pero es que se les paga para dictar sentencias, y tres años y medio parece una tomadura de pelo para la opinión pública.

Esta debilidad institucional es aprovechada por el nacionalismo y el separatismo catalán ejemplarmente, como es normal. Sin embargo, y a pesar de todo esto, no podemos permitir el todo vale, el cuestionamiento permanente del sistema. No podemos permitir que se entablen debates sobre la legitimidad o no de la futura sentencia (si es que un día se dicta), cargándonos la confianza en una institución que debe velar por la permanencia de la Constitución como norma superior del sistema, aunque funcione de un modo mejorable.

Los partidos catalanes están haciendo lo que deben hacer, es obvio, trabajarse a su electorado a un año de las elecciones al Parlament, y la animadversión hacia España vende muy bien en una gran parte de la sociedad catalana. Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya no nos sorprenden con estas posiciones, incluso Convergència i Unió, que sabe que sólo arañando votos a ERC puede conseguir la presidencia de la Generalitat, pero el PSC está demostrando especialmente una irresponsabilidad institucional palmaria. Lo peor es la connivencia con el PSOE, que estando en el Gobierno de la Nación está especialmente obligado a defender el sistema. La ambigüedad de Montilla ante una posible sentencia adversa, con el apoyo permanente de los ministros catalanes (Corbacho y Chacón) y la indefinición de Zapatero son vergonzantes.

La sentencia previsiblemente recortará las aspiraciones más catalanistas y dejará claro que un Estatuto de Autonomía no es un pacto entre iguales, sino una ley orgánica del Estado aprobada por las Cortes Generales, por mucho que haya sido sometida a referéndum. Las instituciones se deben limitar a dejar trabajar al TC y confiar en su análisis profesional para compatibilizarlo con la Constitución, no importa cuál sea el resultado, que debe ser aceptado sin ambages por todo político responsable y por la ciudadanía en su conjunto. En caso contrario, siempre nos queda cambiar nuestro modelo territorial, pero mientras siga el vigente, se exige un respeto al mismo y a los ciudadanos.

La cuestión es de fondo. La vida pública española está enferma y esto produce toda clase de disfunciones, la última el hecho de que doce diarios catalanes publiquen un mismo editorial titulado La dignidad de Catalunya como presión ante una inminente sentencia. Es el no va más por la aniquilación de la democracia (¿No es sospechoso que todos los medios se hayan puesto de acuerdo? ¿Esto no huele un poco a manipulación? ¿De quién parte la iniciativa? ¿A quién beneficia?). La articulación de Cataluña en España es un fenómeno complejo, pero apasionante. Debatamos sobre el modelo de Estado que mejor la garantiza, con amplitud de miras y sin miedo a la palabra federalismo, haciendo las reformas pertinentes, incluso profundas, pero por favor, dejemos de prostituir el sistema.

Liberalismo social en un tiempo de política de bandazos

La izquierda está en crisis en Europa. Ni la reciente victoria ajustada de Sócrates en Portugal o la mayoría absoluta de antes de ayer de Papandreu en Grecia pueden contradecir este hecho. En mitad de la crisis del capitalismo y de las políticas neoliberales, el electorado prefiere a los conservadores para ocupar tareas de gobierno. Pero no a unos partidos de derechas haciendo políticas de derechas, sino a partidos de derechas haciendo políticas de izquierdas, intervencionistas o keynesianas. Esto es un sinsentido. ¿Así que la crisis que ha generado el modelo de libertad radical de mercado la van a solucionar los que hasta hace una semana eran abanderados de la no regulación, en una especie de conversión ideológica orientada a mantenerse en el poder? Y la izquierda, ¿se va a quedar de brazos cruzados mientras le roban el pan?

El modelo partidista de etiquetas ideológicas al que estamos acostumbrados se ha ido con la caída de Lehman Brothers en el fatídico otoño de 2008 y es probable que no vaya a regresar. Son las recetas socialdemócratas las que nos van a hacer salir del agujero y todo el mundo quiere apuntarse al carro de sus bondades, aunque para eso tenga que dejar de lado sus convicciones. El juego ideológico no está ya en el binomio intervencionismo-liberalismo, sino en delimitar el grado de intervención del Estado que conviene en cada momento. De esta manera ha de confluir la confrontación política tras la resaca de esta inmensa crisis económica, financiera y de empleo, pero también social, de valores e institucional.

El liberalismo social surge como la lección de un tiempo turbulento. Nadie en su sano juicio puede estar hoy por hoy por la desregulación absoluta del mercado, pero no debemos engañarnos con cantos de sirena de quienes creen que el Estado debe proveernos de todo, aunque cueste un endeudamiento tremendo que terminarán de pagar nuestros nietos o una subida de impuestos que no viene a cuento. El individuo, la persona privada, la sociedad civil son el centro de la sociedad, el Estado no está sino a su servicio y debe presuponerle (al individuo) la mayoría de edad, debe dejar de comportarse como un padre protector y controlador en todo momento. Eso no quita para que existan los necesarios (pocos o muchos) mecanismos de control, de fomento de la igualdad en el origen y de dirección social convenientes que impidan otra crisis de estas magnitudes. Hay que flexibilizar el mercado laboral, hay que bajar impuestos a las pequeñas y medianas empresas y a la clase media, hay que fomentar el consumo, y sólo así conseguiremos nuestro objetivo de proteger a los que no tienen nada, proporcionándoles empleo en un país con una economía próspera y sin excesos, y socialmente cohesionado.