El asunto del Estatuto de Cataluña es esperpéntico. Al margen de todo tipo de consideraciones, no cabe duda que la culpa fundamental de que se esté produciendo este vodevil es del Tribunal Constitucional, un órgano que difícilmente puede ser más sectario y menos constitucional: miembros interinos desde hace años, otros recusados, incluso uno fallecido para el que ni siquiera se ha intentado encontrar sustituto, bloques ideológicos netamente serviles a quienes les nombraron. Es normal que con esta anomalía funcional les sea imposible dictar una sentencia que genere un mínimo consenso, pero es que se les paga para dictar sentencias, y tres años y medio parece una tomadura de pelo para la opinión pública.
Esta debilidad institucional es aprovechada por el nacionalismo y el separatismo catalán ejemplarmente, como es normal. Sin embargo, y a pesar de todo esto, no podemos permitir el todo vale, el cuestionamiento permanente del sistema. No podemos permitir que se entablen debates sobre la legitimidad o no de la futura sentencia (si es que un día se dicta), cargándonos la confianza en una institución que debe velar por la permanencia de la Constitución como norma superior del sistema, aunque funcione de un modo mejorable.
Los partidos catalanes están haciendo lo que deben hacer, es obvio, trabajarse a su electorado a un año de las elecciones al Parlament, y la animadversión hacia España vende muy bien en una gran parte de la sociedad catalana. Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya no nos sorprenden con estas posiciones, incluso Convergència i Unió, que sabe que sólo arañando votos a ERC puede conseguir la presidencia de la Generalitat, pero el PSC está demostrando especialmente una irresponsabilidad institucional palmaria. Lo peor es la connivencia con el PSOE, que estando en el Gobierno de la Nación está especialmente obligado a defender el sistema. La ambigüedad de Montilla ante una posible sentencia adversa, con el apoyo permanente de los ministros catalanes (Corbacho y Chacón) y la indefinición de Zapatero son vergonzantes.
La sentencia previsiblemente recortará las aspiraciones más catalanistas y dejará claro que un Estatuto de Autonomía no es un pacto entre iguales, sino una ley orgánica del Estado aprobada por las Cortes Generales, por mucho que haya sido sometida a referéndum. Las instituciones se deben limitar a dejar trabajar al TC y confiar en su análisis profesional para compatibilizarlo con la Constitución, no importa cuál sea el resultado, que debe ser aceptado sin ambages por todo político responsable y por la ciudadanía en su conjunto. En caso contrario, siempre nos queda cambiar nuestro modelo territorial, pero mientras siga el vigente, se exige un respeto al mismo y a los ciudadanos.
La cuestión es de fondo. La vida pública española está enferma y esto produce toda clase de disfunciones, la última el hecho de que doce diarios catalanes publiquen un mismo editorial titulado La dignidad de Catalunya como presión ante una inminente sentencia. Es el no va más por la aniquilación de la democracia (¿No es sospechoso que todos los medios se hayan puesto de acuerdo? ¿Esto no huele un poco a manipulación? ¿De quién parte la iniciativa? ¿A quién beneficia?). La articulación de Cataluña en España es un fenómeno complejo, pero apasionante. Debatamos sobre el modelo de Estado que mejor la garantiza, con amplitud de miras y sin miedo a la palabra federalismo, haciendo las reformas pertinentes, incluso profundas, pero por favor, dejemos de prostituir el sistema.
Esta debilidad institucional es aprovechada por el nacionalismo y el separatismo catalán ejemplarmente, como es normal. Sin embargo, y a pesar de todo esto, no podemos permitir el todo vale, el cuestionamiento permanente del sistema. No podemos permitir que se entablen debates sobre la legitimidad o no de la futura sentencia (si es que un día se dicta), cargándonos la confianza en una institución que debe velar por la permanencia de la Constitución como norma superior del sistema, aunque funcione de un modo mejorable.
Los partidos catalanes están haciendo lo que deben hacer, es obvio, trabajarse a su electorado a un año de las elecciones al Parlament, y la animadversión hacia España vende muy bien en una gran parte de la sociedad catalana. Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya no nos sorprenden con estas posiciones, incluso Convergència i Unió, que sabe que sólo arañando votos a ERC puede conseguir la presidencia de la Generalitat, pero el PSC está demostrando especialmente una irresponsabilidad institucional palmaria. Lo peor es la connivencia con el PSOE, que estando en el Gobierno de la Nación está especialmente obligado a defender el sistema. La ambigüedad de Montilla ante una posible sentencia adversa, con el apoyo permanente de los ministros catalanes (Corbacho y Chacón) y la indefinición de Zapatero son vergonzantes.
La sentencia previsiblemente recortará las aspiraciones más catalanistas y dejará claro que un Estatuto de Autonomía no es un pacto entre iguales, sino una ley orgánica del Estado aprobada por las Cortes Generales, por mucho que haya sido sometida a referéndum. Las instituciones se deben limitar a dejar trabajar al TC y confiar en su análisis profesional para compatibilizarlo con la Constitución, no importa cuál sea el resultado, que debe ser aceptado sin ambages por todo político responsable y por la ciudadanía en su conjunto. En caso contrario, siempre nos queda cambiar nuestro modelo territorial, pero mientras siga el vigente, se exige un respeto al mismo y a los ciudadanos.
La cuestión es de fondo. La vida pública española está enferma y esto produce toda clase de disfunciones, la última el hecho de que doce diarios catalanes publiquen un mismo editorial titulado La dignidad de Catalunya como presión ante una inminente sentencia. Es el no va más por la aniquilación de la democracia (¿No es sospechoso que todos los medios se hayan puesto de acuerdo? ¿Esto no huele un poco a manipulación? ¿De quién parte la iniciativa? ¿A quién beneficia?). La articulación de Cataluña en España es un fenómeno complejo, pero apasionante. Debatamos sobre el modelo de Estado que mejor la garantiza, con amplitud de miras y sin miedo a la palabra federalismo, haciendo las reformas pertinentes, incluso profundas, pero por favor, dejemos de prostituir el sistema.
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